Ciberseguridad financiera, Bre-B y Ley 2573
Si usted dirige la infraestructura tecnológica de una entidad financiera en Colombia, sabe que conectar sus servicios a la red de pagos inmediatos no fue un proyecto sencillo.
Requirió adaptar APIs, ajustar colas de mensajería y negociar ventanas de mantenimiento con proveedores de sistemas centrales. Sin embargo, mientras su equipo trabajaba para reducir la latencia, se abrió una brecha operativa de consecuencias severas: el fraude se aceleró a la misma velocidad que sus transacciones, mientras la tolerancia legal y regulatoria desapareció por completo.
La convergencia entre la masificación de los pagos inmediatos y la promulgación de la Ley Estatutaria 2573 de 2026 colocó a los comités de tecnología en una nueva dimensión de complejidad técnica. Se trata, esencialmente, de cómo la debilidad en sus tuberías de telemetría y registros de auditoría se está traduciendo, en este preciso momento, en pérdidas patrimoniales directas y sanciones administrativas.
1.700 millones de transacciones sin margen para la deliberación
La liquidación transaccional irrevocable en milisegundos anula las ventanas de contención de fraude clásicas. Al transferir fondos de manera irreversible, cualquier latencia analítica superior al tiempo de compensación, traslada el coste del fraude directamente al balance patrimonial de la entidad.
Bre-B al año de operación en relación a la escala del DICE y la saturación de tuberías transaccionales
Según el reporte del Banco de la República de octubre de 2026, el sistema Bre-B alcanzó en su primer año de funcionamiento 1.702 millones de transacciones acumuladas, movilizando más de $260 billones de pesos.
La plataforma consolidó 115,4 millones de llaves registradas en el Directorio Centralizado (DICE) para 36 millones de clientes activos, alcanzando a cerca del 67 % de la población del país.
Para los ingenieros de sistemas, estas métricas representan un estrés continuo sobre los componentes de interconexión. La infraestructura debe responder a picos que superan cientos de operaciones concurrentes por segundo en los Sistemas de Pago de Bajo Valor Inmediato (SPBVI).
Las arquitecturas basadas en APIs síncronas REST acopladas a motores heredados (legacy) sufren degradación de memoria y tiempos de respuesta erráticos. Cuando una pasarela transaccional tarda más de 300 milisegundos en autorizar, la sesión expira o el procesamiento en cola genera inconsistencias en la base de datos de saldos disponibles.
Ciberseguridad financiera en un entorno de devoluciones en milisegundos.
El problema crítico de los pagos inmediatos radica en la irrevocabilidad del abono en cuenta. En los esquemas de compensación diferida, el equipo de operaciones disponía de ventanas de horas para ejecutar filtros por lotes (batch), retener fondos sospechosos o aplicar listas de control. En el entorno de liquidación en milisegundos, una vez emitido el mensaje de confirmación, el dinero abandona la entidad de origen.
Los motores de detección de fraude analíticos configurados fuera de banda o mediante consultas periódicas a lagos de datos, operan con un retraso fatal. Si su solución de ciberseguridad detecta un patrón anómalo cuatro segundos después de completada la operación, usted no cuenta con un sistema de prevención sino con un generador de registros de incidentes consumados. El atacante dispersa los fondos a través de cuentas intermediarias antes de que el Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) pueda emitir una orden de bloqueo.
Cuando la debilidad del log se convierte en pérdida contable
La Ley 2573 de 2026 transfiere la carga probatoria del fraude a las entidades financieras. Si su infraestructura no genera evidencia forense inmutable en diez días hábiles, la ley exige suspender cobros y asumir la pérdida patrimonial por presunta suplantación.
Carga dinámica de la prueba y la exigencia de evidencia forense inmutable
Sancionada el 19 de mayo de 2026, la Ley Estatutaria 2573 modificó el régimen probatorio financiero al consagrar el principio de carga dinámica de la prueba. La norma obliga a los operadores y entidades financieras a demostrar técnicamente que fue el titular legítimo, y no un atacante mediante suplantación de identidad, quien autorizó el producto, la obligación crediticia o la transacción. Si el usuario alega desconocimiento, la entidad está obligada a suspender de inmediato el cobro y eliminar cualquier reporte negativo ante las centrales de riesgo.
Demostrar la legitimidad de una operación no se resuelve aportando una captura de pantalla de la base de datos ni una constancia de envío de un código SMS. Un peritaje judicial exige la reconstrucción completa de la cadena de custodia: telemetría del dispositivo emisor (device fingerprinting), geolocalización IP validada, registros de autenticación biométrica con prueba de vida certificada y trazas criptográficas de la sesión.
Si sus sistemas almacenan únicamente un campo booleano de confirmación, la entidad pierde el litigio por defecto técnico.
¿Por qué la extracción manual de telemetría destruye la operación?
La ley fija un plazo perentorio de diez días hábiles para tramitar, investigar y resolver de fondo la reclamación del consumidor presuntamente suplantado. En la mayoría de las organizaciones, responder a este requerimiento implica abrir un ticket en sistemas de gestión, coordinar con administradores de bases de datos, solicitar volcados de registros a redes y recuperar archivos históricos en almacenamiento secundario. Este flujo manual genera cuellos de botella críticos.
Según Gartner en su análisis de operaciones de seguridad de 2025, el tiempo medio de recolección de evidencia no automatizada excede las 72 horas por caso complejo.
Si el personal técnico debe dedicar días a correlacionar eventos dispersos entre balanceadores de carga, servicios en la nube y aplicaciones transaccionales, el coste operativo supera con frecuencia el valor de la disputa. Si los registros rotan automáticamente por falta de capacidad o carecen de marcas de tiempo confiables, la ausencia de evidencia obliga a la entidad a asumir el castigo contable.
La ciberseguridad financiera como falla de conducta y el criterio de supervisión de la SFC
La Superintendencia Financiera clasifica el fraude transaccional reiterado como un fallo de conducta y trato justo al consumidor. Esta reclasificación activa la Guía de Dosimetría Sancionatoria, convirtiendo deficiencias en controles técnicos de identidad en sanciones institucionales directas.
Del riesgo operacional al riesgo sancionatorio bajo la Guía de Dosimetría
El enfoque del supervisor abandonó la idea de que el fraude digital es un costo operativo ordinario.
Según el informe institucional de la SFC de 2026 y las cifras del Reporte de Inclusión Financiera de 2024, el sector registró 3.073.407 quejas (un incremento anual del 69,3 %), donde 958.884 casos correspondieron a fraude y suplantación de identidad en canales digitales y depósitos de bajo monto.
Para la SFC, una falla reiterada en la validación de identidad durante el enrolamiento o la carencia de monitoreo de comportamientos atípicos no se limita al Sistema de Administración de Riesgo Operativo (SARO). Se clasifica como un incumplimiento del principio de trato justo y una falla de conducta.
Al evaluarse bajo la Guía de Dosimetría Sancionatoria (Circular Interna 005 de 2025 de la SFC), las sanciones institucionales y las órdenes administrativas se tasan en función de la negligencia técnica demostrable en los controles preventivos de la entidad.
Autenticación adaptativa frente al límite de 3,5 en madurez Zero Trust
El diagnóstico técnico de la SFC reveló debilidades en la postura de seguridad del sector vigilado. En las evaluaciones presentadas en sus memorias de 2026, los establecimientos bancarios y administradores de sistemas de pago obtuvieron una calificación de madurez Cero Confianza (Zero Trust) de 3,5 sobre 5 (asociada a una automatización básica o incipiente), mientras que en fiduciarias y comisionistas descendió a 3,2.
Esta calificación refleja la dependencia persistente de factores de autenticación estáticos. El uso de contraseñas y códigos de un solo uso enviados por SMS o correo electrónico representa una superficie de ataque vulnerable a técnicas de duplicación de SIM y herramientas de interceptación. La adopción del estándar NIST SP 800-207 exige migrar hacia autenticación sin contraseña basada en FIDO2/WebAuthn y evaluación continua del riesgo de la sesión en cada transacción, analizando desvíos de comportamiento antes de emitir la orden de pago.
Tabla Técnica Comparativa: Arquitectura Tradicional vs. Arquitectura de Liquidación Inmediata con Respaldo Probatorio
La comparación entre arquitecturas evidencia la inviabilidad operativa de los esquemas tradicionales frente a redes de pago inmediato. Mientras el modelo histórico posterga la correlación forense, la arquitectura moderna integra validación criptográfica y telemetría inmutable dentro del flujo de ejecución.
Métrica Técnica | Arquitectura Tradicional (Legacy / Batch) | Arquitectura de Liquidación Inmediata Probatoria | Impacto Operativo (Ley 2573 / SFC) | Benchmark de la Industria |
Latencia de Scoring de Fraude | 1.500 ms – 4.000 ms (Post-evento o colas asíncronas). | < 80 ms (In-stream scoring sincrónico en línea). | Detiene la fuga de fondos en Bre-B antes de la liquidación irrevocable. | Gartner Real-Time Fraud 2025 (< 100 ms en pagos inmediatos). |
Tiempo de Consolidación Forense | 5 a 8 días hábiles (Búsqueda manual de registros dispersos). | < 15 minutos (Expediente forense generado por evento). | Cumple la ventana de 10 días de la Ley 2573 sin saturar al equipo de TI. | Forrester Zero Trust Analytics 2025 (< 1 hora en extracción de telemetría). |
Integridad de Evidencia (Logs) | Archivos de texto plano o bases de datos relacionales mutables. | Almacenamiento WORM con sellado de tiempo RFC 3161 y HMAC. | Otorga validez pericial ante demandas judiciales e investigaciones SFC. | NIST SP 800-92 / ISO/IEC 27001:2022 (Control A.12.4 de registros). |
Mecanismo de Autenticación | Contraseña estática y OTP por SMS (vulnerable a interceptación). | Criptografía asimétrica FIDO2/WebAuthn y biometría con detección de vida. | Elimina la suplantación de identidad en origen; reduce disputas legales. | FIDO Alliance / ENISA Guidelines 2025 (Autenticación resistente a phishing). |
Criterios de diseño en ciberseguridad para sobrevivir a la convergencia entre Bre-B y la Ley 2573
El diseño de infraestructura para liquidación inmediata exige desacoplar la validación de riesgo del canal síncrono mediante motores in-stream. Esto garantiza evaluación probabilística sub-100 milisegundos y sellado criptográfico de eventos sin degradar el rendimiento operativo del Core Bancario.
Implementación de Machine Learning en el canal transaccional
Para calificar el riesgo sin degradar la experiencia de usuario, la arquitectura debe evitar consultas directas sobre bases de datos relacionales transaccionales. El patrón técnico desacopla la ingestión mediante plataformas de transmisión de eventos distribuidas, conectadas a motores de procesamiento de flujos como.
Las variables de comportamiento y la telemetría histórica deben residir en almacenes de datos en memoria de baja latencia que operen como repositorios de características. Cuando la API recibe la solicitud de pago, el modelo infiere el riesgo en menos de 50 milisegundos. Si el vector analítico supera el umbral de alerta, el sistema activa una autenticación escalonada o cancela la operación antes de enviar la instrucción al DICE.
Trazabilidad criptográfica del onboarding digital y firma de eventos
Para responder con suficiencia probatoria a las exigencias judiciales de la Ley 2573, cada fase del ciclo transaccional debe originar un registro técnico inmutable. La vinculación de usuarios no puede limitarse a procesar una imagen de documento de identidad sin almacenar la evidencia técnica del proceso.
Cada interacción crítica debe estructurarse como un evento en formato JSON o Avro, firmado digitalmente mediante algoritmos HMAC-SHA256. Estos datos deben depositarse de inmediato en almacenamiento de escritura única y múltiples lecturas, garantizando que ningún usuario con privilegios elevados pueda alterar las marcas temporales. Ante una reclamación, el sistema compila el expediente forense indexado en minutos, listo para ser presentado ante la SFC o despachos judiciales.
La velocidad sin telemetría es insolvencia programada
Acelerar el procesamiento transaccional sin automatizar la custodia de evidencia forense equivale a financiar operaciones de atacantes con capital propio. Si su telemetría no resiste una auditoría judicial en diez días, su arquitectura técnica representa una contingencia de pasivo contingente.
En comités directivos suele priorizarse la velocidad de despliegue sobre la infraestructura de control. Se acelera la integración a redes transaccionales inmediatas para capturar volumen, postergando la gestión de registros, la retención forense y la autenticación adaptativa en las prioridades de desarrollo. Esa decisión técnica compromete la viabilidad financiera de la entidad.
La Ley 2573 de 2026 y la doctrina de supervisión de la SFC eliminaron la posibilidad de trasladar el costo del fraude al usuario o diluirlo en provisiones operacionales sin consecuencias legales.
En eSoft sabemos que si su equipo no puede demostrar de forma automatizada e incontrovertible la identidad detrás de una transacción en Bre-B dentro del plazo legal, la pérdida patrimonial y la sanción regulatoria serán inevitables. Rediseñar la infraestructura transaccional y su custodia de evidencia con foco en ciberseguridad financiera no es un debate académico: es la única medida técnica para evitar que la inmediatez de los pagos erosione el capital de su institución.
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